Tensión política y debate abierto tras el rechazo a la adenda: acusaciones cruzadas, objeciones técnicas y la defensa del Ejecutivo

Tensión política y debate abierto tras el rechazo a la adenda: acusaciones cruzadas, objeciones técnicas y la defensa del Ejecutivo

El Concejo Deliberante se convirtió en el escenario de una durísima discusión en torno al futuro del emblemático Complejo Federación. La oposición expuso severas inconsistencias en el expediente, falta de transparencia y una histórica desprotección hacia los compradores estafados. Por su parte, la gestión municipal desmintió las críticas, asegurando que el acuerdo con la empresa SENTRA garantizaba un ahorro millonario, no implicaba desembolsos públicos y dinamizaba la economía local.

LA POSTURA DE LA LIBERTAD AVANZA: IRREGULARIDADES DOCUMENTALES Y VACÍOS LEGALES

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el concejal Juan Ignacio Felice lideró los cuestionamientos al expediente remitido por el Ejecutivo, exponiendo una serie de falencias administrativas y técnicas que, según su análisis, hacían inviable la aprobación de la adenda en las condiciones en que fue presentada.

Felice comenzó recordando que el tratamiento de la adenda no puede analizarse de manera aislada, dado que existía un expediente complementario estrechamente vinculado: el convenio entre la Municipalidad de Chivilcoy y la Liga Chivilcoyana de Fútbol. Dicho acuerdo contemplaba la entrega de locales comerciales y cocheras a la entidad deportiva como contraprestación por la donación original del predio. No obstante, el edil libertario remarcó con severidad que ese expediente clave sorpresivamente no fue incluido por el oficialismo en la orden del día para el debate de esa misma jornada, fragmentando la discusión e impidiendo una evaluación integral de las obligaciones contraídas por la comuna.

Uno de los aspectos más graves denunciados por el concejal de LLA estuvo enfocado en el estado de la documentación analizada. Felice sostuvo que el Departamento Ejecutivo envió piezas administrativas que resultaban completamente ilegibles. En particular, hizo hincapié en el archivo digitalizado correspondiente a la escritura de la "donación con cargo" efectuada en su momento por la Liga Chivilcoyana de Fútbol a favor del Municipio. “Este instrumento resulta un pilar jurídico central, ya que en él se detallan las cargas y compromisos originales que asumía la comuna. Según el edil, el escaneo provisto resultó defectuoso e ilegible en casi la totalidad de sus fojas, y a pesar de haberse cursado pedidos formales para obtener una copia clara y legible, el reclamo no fue resuelto por el área correspondiente”.

En el plano estrictamente técnico, Felice cuestionó con dureza las marcadas discordancias respecto al avance físico de la estructura construida. Explicó que en las actuaciones administrativas consta una nota sin membrete ni firma —atribuida informalmente a la empresa constructora SENTRA— donde se aducía un porcentaje de avance del 28,44% para justificar que la firma privada se adjudicara el 60% de los departamentos y cocheras. Sin embargo, en el texto formal de la adenda impulsada por el municipio se consignaba un 38% de ejecución.

"Nadie en el Ejecutivo supo responder técnicamente cómo se pasa de un 28 a un 38 por ciento de avance de la noche a la mañana", enfatizó Felice.

Asimismo, el edil libertario advirtió sobre el peligro latente que implicaba otorgarle a la empresa la habilitación para la venta en pozo durante la fase de construcción. Para el concejal, permitir la comercialización de unidades a terceros mientras la obra está en ejecución abre nuevamente la puerta a potenciales nuevos damnificados ante eventuales incumplimientos futuros de la firma desarrolladora.

Por último, al abordar la delicada situación de las familias estafadas que años atrás pagaron por sus viviendas y jamás las recibieron, Felice recordó la propuesta presentada por su bloque. La misma planteaba la derogación de la ordenanza aprobada durante la gestión del exintendente Aníbal Pittelli y establecía el reconocimiento a futuro de un 20% del valor del departamento a favor de quienes acreditaran formalmente haber sido víctimas de aquella comercialización.

LA POSICIÓN DE FUERZA PATRIA: EXIGENCIA DE CLARIDAD, DATOS REALES Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

En una línea convergente de reclamos pero con sus propios matices políticos, el bloque de concejales de Fuerza Patria, encabezado por su presidenta Constanza Alonso, dio a conocer un comunicado público tras la sesión donde justificó su postura frente a la fallida propuesta oficialista. Desde el espacio opositor remarcaron que la premisa fundamental debe ser la culminación de un proyecto postergado que arrastra una "deuda histórica" de más de 40 años con la comunidad, pero advirtieron que un paso de tal magnitud exige condiciones infranqueables de rigurosidad técnica, resguardo institucional y transparencia financiera.

El bloque remarcó que a lo largo de las actuaciones administrativas surgieron hasta tres porcentajes distintos sobre el nivel de avance de la construcción y lo que verdaderamente resta para concluirla (25%, 28% y 38%). Alonso y sus pares exigieron conocer los costos reales de la obra a valores de mercado, ya que de ese presupuesto depende determinar si el esquema planteado por la gestión municipal —donde la empresa se quedaba con el 60% de las unidades habitacionales y el Municipio retenía el 40%— resultaba verdaderamente equitativo y ventajoso para los intereses de la comunidad.2. Priorización de las familias damnificadas.

Para Fuerza Patria, cualquier solución contractual que el Estado comunal convalide debe incluir un capítulo específico destinado a atender el reclamo social de los adjudicatarios originales. El comunicado enfatizó de manera categórica que las familias que confiaron sus ahorros, abonaron sus viviendas y sufrieron la paralización del proyecto sin recibir respuesta habitacional alguna durante décadas, deben ser incorporadas como una prioridad dentro de un esquema de reparación concreta.

Por último, el bloque opositor solicitó fijar cláusulas de resguardo patrimonial estrictas. Argumentaron que el Municipio no puede firmar cesiones ni concesiones a favor de privados sin contar con un blindaje legal exhaustivo que asegure que no se repetirán los incumplimientos ni los perjudiciales litigios que han mantenido paralizado al Complejo Federación durante años.

En sus declaraciones finales, la concejal Alonso remarcó que la postura de su espacio no tiene como objetivo bloquear el desarrollo urbano ni poner trabas a la gestión municipal:"Queremos que el Complejo Federación finalmente se termine, que los vecinos tengan las respuestas que esperan desde hace cuatro décadas y que esta triste historia no vuelva a repetirse. Pero una decisión de esta envergadura no se puede tomar a ciegas: exige información precisa, costos reales, documentación respaldatoria fehaciente y deslindes claros de responsabilidad antes de otorgar cualquier beneficio o firmar un acuerdo contractual".

LA RÉPLICA DEL PODER EJECUTIVO: EL AHORRO MUNICIPAL Y LA DEFENSA DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Ante la contundencia de las críticas vertidas en la sesión y el posterior rechazo de la ordenanza, el Departamento Ejecutivo comunal no tardó en fijar su posición. A través de declaraciones periodísticas, el Director de Gobierno de la Municipalidad, Hugo Kübler, salió al cruce de los conceptos emitidos por los concejales buscando desmentir enérgicamente que la propuesta enviada representara un riesgo para las arcas públicas o una concesión desmedida al sector privado.

"Chivilcoy no iba a poner ni un solo peso. Al contrario, se iba a ahorrar miles de millones de pesos. Esa es la pura verdad de la cuestión y si la afirmación del concejal sobre un perjuicio económico se toma de forma literal, es absolutamente falsa", aseveró con enfado el funcionario municipal.

Para contextualizar el conflicto, Kübler realizó un repaso histórico de las actuaciones y enfatizó un dato que consideró clave para desligar de responsabilidad a la actual conducción comunal:

"Hasta el hartazgo hemos repetido que la gestión del intendente Guillermo Britos no trajo a la empresa SENTRA a Chivilcoy; fue una administración anterior la que entabló ese vínculo. Este intendente tampoco firmó el contrato del año 2011 que da origen a todo este escenario. Fueron otros gobiernos los que asumieron esos compromisos".

Kübler detalló la dinámica del acuerdo rechazado, explicando que SENTRA es una empresa constructora cuya actividad, al igual que la de todo el sector, sufrió severos contratiempos en los últimos años debido a las fluctuaciones macroeconómicas y a la conducta del Estado Nacional. En ese sentido, el Director de Gobierno destacó como el logro más trascendente de la gestión municipal el haber destrabado la burocracia federal:

"Logramos que Nación se corra del medio y que los derechos que antes pertenecían al Estado Nacional se cedan para que sea el capital privado el que invierta. Eso es exactamente lo que gran parte de la sociedad argentina está demandando: que el Estado no gaste y que invierta el privado. La adenda que rechazaron los concejales no le regalaba nada a nadie; por el contrario, obligaba a la empresa a volcar dinero de sus propias arcas para poder recuperar su inversión en una etapa posterior".

"Lo que hoy está construido en el Complejo Federación fue realizado materialmente por la empresa SENTRA. Por lo tanto, en virtud del contrato vigente desde 2011, si se hiciera una liquidación estricta, es la Municipalidad la que le debe mucho dinero a la empresa por los trabajos ejecutados en el terreno. Muchos de los que hoy opinan de afuera lo saben perfectamente porque estaban presentes en la gestión cuando se firmaron esos papeles".

En respuesta a las dudas planteadas por LLA y Fuerza Patria respecto al peligro de que la obra vuelva a quedar desamparada o se registren nuevos incumplimientos, Kübler garantizó que el municipio había tomado todos los recaudos legales y financieros correspondientes mediante la exigencia de un seguro de caución.

"Es completamente falso que no se hayan tomado previsiones. El intendente lo ha mencionado en reiteradas oportunidades y les sugirió a los concejales de la oposición que solicitaran copia del instrumento si tenían dudas. El seguro de caución era un recaudo imprescindible: significa concretamente que si la empresa constructora no cumple con los plazos o con la finalización de la estructura, la empresa aseguradora asume la responsabilidad financiera y responde por la ejecución", explicó.

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