“La sequía puede quitar entre dos y tres puntos al P.B.I., se esperaba que creciera menos del 1%"

El índice FADA subió cinco puntos hasta el 67.2%. El Índice FADA arrojó un aumento de cinco puntos con respecto a la medición anterior de octubre de 2022. Uno de los motivos es la profunda sequía que atraviesa el país, porque hace que los rindes disminuyan, pero aun así la recaudación estatal se sostiene.

El 67,2% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y

municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 70,5% del total de

impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y

débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales,

representan el 23,8% de los impuestos medidos. Las provincias reciben parte del 23,8% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Los impuestos provinciales representan el 5% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,8% de los impuestos en el Índice FADA

promedio nacional. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

En comunicación con Radio del Centro, David Miazzo, Jefe Economista de FADA, explicó que puede suceder con nuestra economía por el impacto de la sequía.

“En primer lugar impacta sobre el productor agropecuario que la sufre y claramente tiene un ingreso mucho menor al previsto, que puede generar grandes pérdidas económicas y dificultades para asumir compromisos, deudas; son los productores más chicos quienes tienen menor capacidad de absorber esta clase de impactos negativos.

A nivel económico habrá dos grandes dificultades: el primero es cambiario, faltarán entre 10 y 15 mil millones de dólares por exportación de acuerdo a si las próximas lluvias logran aliviar algo o si vamos a los peores pronósticos y nos lleva a pensar que si en 2022, con las presiones cambiarias, se llegó a fin de merced a dos ediciones del dólar soja surge el interrogante en relación a ¿qué puede llegar a ser de 2023 con un faltante de entre 10 y 15 mil millones de dólares por exportaciones agropecuarias y elecciones que siempre generan mucha dolarización.

Por lo tanto, la primeras de las consecuencias vendrá por el lado del impacto cambiario, esperar que las restricciones cambiarias y las restricciones a las importaciones sean conversación de todos los meses en adelante por tal motivo. Es lo primero y probablemente aquello que más se sienta.

Lo segundo es la actividad económica donde la sequía puede quitar entre dos y tres puntos al P.B.I. (Producto Bruno Interno) que ya se esperaba creciera menos del 1 por ciento rápidamente puede entrar en terreno negativo e ingresar en una recesión en el orden nacional. No obstante, a nivel local y en el interior productivo como Chivilcoy o Río Cuarto, ciudad de la que soy oriundo, de la misma manera que en otras importantes zonas productivas, el efecto sobre la actividad económica supera mucho más que 3 puntos porque la participación del agro en la actividad económica es mucho más alta y es de esperar que se resienta mucho más la actividad en ciudades y localidades donde la producción agrícola o ganadera es más importante”.

Consultado por la cantidad de impuestos que miden, el especialista esbozó: “En nuestro indicador medimos ocho impuestos, después se podrían agregar varios otros más que actúan un poco más de forma indirecta, que no son tantos pero se hacen sentir y especialmente los derechos de exportación porque dos de cada tres pesos que paga de impuestos la producción agrícola a nivel local, provincial y nacional son derechos de exportación. Otra cuestión que se recalca es el federalismo fiscal de la estructura tributaria porque el 70,5% de todos los impuestos que paga la producción agrícola son impuestos nacionales no coparticipables sin que se distribuyan de manera automática a las provincias.

Al referirse a la participación del estado en la Renta Agrícola, el economista señaló: “Los impuestos representan el 67,2% de la renta agrícola que genera una hectárea con los cuatro principales cultivos y hace que la participación del estado termine significando que de cada $ 100 que se generan, $ 67, 20 se lleva el estado en materia de impuestos, el indicador supera en 6 puntos al informe anterior y se encuentra principalmente influenciada la suba por la sequía. Si bien puede parecer contradictorio que la carga tributaria sea mayor pero obedece a la estructura tributaria que tiene la agricultura en nuestro país donde el principal impuesto es el derecho de exportación que actúa sobre el precio bruto del grano y no sobre la ganancia, entonces ante una caída de la rentabilidad e incluso pérdidas que provoca la sequía el impuesto continúa siendo el mismo haciéndose más pesado sobre esa renta que genera.

Aclaró que, el 67,2% es el promedio nacional pero en las regiones más afectadas por la sequía el número puede superar el 100 por ciento al pagar impuestos sobre una renta inexistente.

Los impuestos medidos en pesos caen pero crecen en término proporcional a la ganancia. En el caso de soja, que se paga un 33 por ciento de derecho de exportación así gane o pierda con esa producción. Si un productor pasa a producir una menor cantidad pasará a pagar una menor cantidad de pesos o de dólares en términos de impuestos pero representará una mayor parte de una renta mucho menor.

Si tuviésemos una estructura tributaria normal donde el principal impuesto fuera el de las ganancias no necesariamente sucedería porque cae proporcionalmente como ocurre con la rentabilidad.

En cuanto a los pagos adicionales que deben afrontar los productores, Miazzo consignó: “Un problema adicional que se tiene pasa por el anticipo de ganancias donde los productores tendrán que estar pagando en base a la ganancia de 2022, que fue un año relativamente bueno, para un 2023 donde finalmente no tengan que pagar ganancias y es doblemente peor debido a que se adelantará el pago de los impuestos, mientras que, al fin del ejercicio cuando se hagan los números finales de este año, probablemente no los tenga que abonar pero ya se le adelantó a la AFIP. En pérdidas el productor tendrá que volcar ese activo para poder abonarlo que sería una de las pocas medidas positivas que podrían anunciarse.

Otra cuestión a tener en cuenta pasa por los saldos técnicos de I.V.A. que suelen ser problemáticas en algunas producciones pecuarias, cerdos, aves, Feed Lot y a veces en maíz únicamente pero ahora se convertirán en un problema generalizado porque el productor pagó mucho I.V.A. en los insumos que compró pero recuperará poco en las ventas porque éstas cayeron y le quedará un saldo técnico que no podrá recuperar con la actividad ni contra la AFIP para que se los devuelva”.

Por último, sobre el destino del dinero de los impuestos, Miazzo comentó: “La pregunta de todo contribuyente, agropecuario o no, obedece a qué se destina su dinero y mucho tiene que ver el federalismo fiscal porque al no volver de manera automática no se ven reflejados en las mejoras de las rutas provinciales o en los caminos rurales, conectividad al tratarse de dinero que se va de las regiones del interior productivo y no regresa.

Tenemos una presión tributaria, de impuestos nacionales y provinciales, cercana al 30 por ciento. Un tercio de todo lo que se produce se destina a impuestos que están muy presentes del día a día de cada de uno de nosotros y explica en parte el nivel de evasión fiscal o economía informal”.