En octubre de 1983, Raúl Alfonsín antes de asumir la presidencia, ya sabía que no iba a ser fácil enderezar la relación política con los gremios. Tiempo antes y en campaña, había denunciado "el pacto sindical-militar".
Sin embargo, con apenas 7 días de gobierno, Alfonsín envió al Congreso el proyecto “Ley Mucci”, que consistía en el Reordenamiento Sindical y Régimen Electoral para democratizar a la CGT. El proyecto fue aprobado en Diputados pero no consiguió la cantidad de votos necesarios en el Senado con mayoría peronista, por lo que quedó sin efecto. Saúl Ubaldini, otrora líder de la CGT, sentenció en aquellos días: "Si Alfonsín no le da al pueblo lo que legítimamente le corresponde, los trabajadores saldremos a la calle y paralizaremos el país cuantas veces sean necesarias". El final, todos los conocemos, Alfonsín tuvo que renunciar 6 meses antes a la finalización de su mandato para que asumiera el peronista Carlos Menem. Recordemos que la CGT, lo asedió en todo momento con 13 paros generales y más de 4.000 réplicas sectoriales que se producían casi diariamente.
A esta altura, nadie duda sobre el sentido negativo de un paro general que altera sin dudas la economía causando interrupciones en la producción, pérdidas financieras como de ingresos para trabajadores y empresas, generando además, tensiones sociales y políticas dado que contribuye a un debilitamiento en la gobernabilidad y en la confianza de inversores y consumidores.
Tanto el DNU y la Ley Ómnibus actuales de este gobierno de apenas 40 días de gestión, afectan sin dudas los ingresos económicos de los sindicatos y de las obras sociales que manejan, o sea, afectan directamente el bolsillo de los sindicalistas. El radicalismo siempre desde la oposición, dió gobernabilidad y este caso no puede ser distinto. Si bien la metodología aplicada no es la adecuada institucional como políticamente, tampoco es lógico hermanarse con las políticas del kirchnerismo y el sindicalismo que siguen pensando exactamente igual que hace más de 40 años. Son destituyentes y usan la aplicación de la fuerza en desmedro del diálogo, circunstancia que nos trajo al presente desastre de país que hoy padecemos lleno de pobreza producto de la falta de idoneidad y de la corrupción.
Tan preocupados parecen todos hoy, pero estuvieron con la boca cerrada durante 4 años. Cuatro años donde cerraron PYMES; dejaron el 45% de pobres; 130 mil muertos por deficiente política sobre la pandemia; hospitales sin insumos; escuelas en absoluta decadencia desde lo edilicio y lo académico y además, los jubilados fueron perdiendo el poder adquisitivo de sus haberes y estuvieron los sindicalistas en todo momento, como decimos “calladitos” durante cuatro años.
Ahora sindicalistas ricos, cierren la “bocota” y compórtense democráticamente. Desde ya, el radicalismo no puede coincidir ni políticamente como tampoco, adherir al paro. Respetemos lo que votó la gente.
Por Luis María Mariano
